Por Claudia Palacios
@claudiapcnn
Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación
Es uno de los principales críticos del proceso de paz, y aunque hubo una señal de acercamiento con el presidente, las críticas continúan. De lo que el procurador Alejandro Ordóñez dice en esta entrevista se concluye que sus cuestionamientos al proceso serían solo una manera de protegerlo.
Usted es crítico del proceso de paz, pero hace unos días recibió del presidente Santos palabra de garantía de que este proceso no implicará impunidad para máximos responsables ni será sin entrega de armas. ¿No lo dejó tranquilo la palabra del presidente?
No. No es suficiente. Mi preocupación por el proceso va mucho más allá de lo que usted menciona. Fundamentalmente, se trata de que la paz quede bien hecha y de que lo que se acuerde se pueda cumplir, por eso he propuesto un Pacto para la Paz que le dé sostenibilidad política y seguridad jurídica a los acuerdos. Nada sacamos si se firma un papel que más tarde en una corte nacional o internacional termine cayéndose. Un Pacto entre los críticos y defensores del proceso es indispensable para sacar el proceso adelante. Como puede verlo mis observaciones y propuestas están orientadas a que el proceso salga adelante y la paz sea en realidad estable y duradera.
Entendiendo que la Corte y el Marco jurídico para la paz ya determinaron que los máximos responsables deben ser juzgados, y que la fiscal de la CPI dice que no se pueden condonar las penas de ellos, si le sigue haciendo críticas al proceso de paz es porque ve que ni la Corte, ni el Marco, ni la CPI son garantía de que lo que advierten se va a cumplir, ¿por qué?
Es fácil resolver esto diciendo que los señores de las FARC máximos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio no paguen cárcel, pero eso sería garantía de que los acuerdos se caigan en el futuro. A quienes más les conviene cumplir una pena reducida de cárcel con penas alternativas en el marco de justicia transicional es a las FARC. Es lo único que les dará seguridad jurídica, lo otro es discurso político. A pesar de lo dicho por la Corte Constitucional y de la advertencia de la Corte Penal Internacional, diversos sectores de la institucionalidad y la propia guerrilla insisten en saltarse las sentencias de la Corte que ya fijaron unos límites, entre ellos, el que usted menciona, no se les puede suspender totalmente la ejecución de la pena, es decir, deben pagar pena de prisión efectiva.
¿Leyó los acuerdos sobre los tres puntos ya negociados?
Los leí y los releí. Los estudiamos a fondo con un equipo que conformamos en la Procuraduría.
¿Qué ve de inconveniente en ellos?
He dicho que los acuerdos parciales no deben descalificarse per se, ni invalidarse automáticamente. Tampoco aprobarlos como si se tratara de un contrato de adhesión de esos que se firman cuando se abre una cuenta bancaria. ¡No! En concepto de la Procuraduría lo que procede es una amplia discusión pública sobre su contenido y alcance. Los ciudadanos tienen el derecho de influir en el contenido de los acuerdos finales, al fin y al cabo lo que hay es un borrador y son ellos los que deben refrendarlos. Me pregunta sobre inconveniencias, le digo solo dos de muchas. Me preocupa que los tres acuerdos parciales tienen el riesgo de que no se institucionalice el Estado en el territorio, sino a los aparatos de las FARC en el territorio, aún desmovilizadas. Y dos, entre líneas se le da el carácter de conexo con el delito político al narcotráfico. ¡Así hay muchas perlas!
No es una cosa caprichosa. Esa discusión ya la resolvió la Corte Constitucional este año. Las reglas ya están claras. Lo que debe decir el gobierno con claridad es si quiere desconocer la jurisprudencia de la Corte en esa materia y vestir de políticos a los capos de las FARC. El presidente debería aclarar si le cree a la guerrilla cuando niega ser narcotraficante. A cambio de firmar un papel con las FARC no podemos poner en riesgo la democracia al graduar de políticos a los mafiosos y renunciar a la persecución del lavado de activos. Hay cosas peores que la violencia actual, por ejemplo, que las FARC lleguen con un partido político al gobierno cabalgando sobre la riqueza del narcotráfico.
Nadie ha exigido que hasta el robo de gallinas sea objeto de investigación y sanción. En un Estado de derecho debería ser así, pero es un absurdo dado que es más de medio siglo de crímenes de las FARC. Lo que ha dicho la Procuraduría es que cumplamos con los estándares internacionales de justicia para que el acuerdo quede blindado frente a la Corte Penal Internacional, el sistema interamericano o ante un cambio futuro de jurisprudenciaconstitucional, esto es que no exista impunidad frente a los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y las graves violaciones a los derechos humanos, así como que se respeten los derechos de las víctimas ¡Es que nos quieren convencer de que pedir excusas públicas o hacer trabajo comunitario como pena para masacradores, violadores y narcotraficantes no es impunidad! ¿Difícil, no?
Como lo ha dicho la Fiscal Fatou Bensouda, la que se adecue al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Además, la que satisfaga los derechos de las víctimas en los términos señalados por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí no se trata de entender la justicia como venganza, sino comprender que hay unos mínimos que se deben observar para que lo que se acuerde se cumpla.
No me corresponde representar a unos o a otros. Mi tarea es la defender los derechos humanos, especialmente los de las víctimas, la justicia, la lucha contra la impunidad, el orden jurídico y en consonancia con ello, promover que la paz quede bien hecha. Por eso, he propuesto un Pacto para la Paz. Tenga la certeza que no se alcanzará una paz estable y duradera si se sigue insistiendo en dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Los únicos enemigos de la paz con sus acciones son las FARC. Se necesita unidad en la sociedad colombiana para garantizar a la guerrilla que se cumplirán los acuerdos y a los ciudadanos de que la paz no será impunidad.
La justicia transicional debe aplicar para todos los hechos ocurridos desde el inicio del conflicto armado y durante su desarrollo. Debe comprender a los militares y policías, pero al igual que frente a los guerrilleros, no puede existir impunidad, deben someterse a penas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos y decir la verdad, toda la verdad. Las mismas condiciones deben aplicar para los políticos, financiadores o promotores de las guerrillas y de las autodefensas ilegales.
Esperemos a que el honorable Consejo de Estado tome la determinación que le corresponde.
Esa no es la tarea de la Procuraduría. Lo nuestro es mantener la independencia que exige el ejercicio de la fiscalización sobre el gobierno con un espíritu propositivo, pero siempre defendiendo primero el orden jurídico.
Ya veremos.